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El denominado movimiento 15M ha sido capaz de movilizar a decenas de miles de personasUna nueva coyuntura que exige un cambio de políticas y un impulso democrático. Manifiesto de CCOO
La persistencia de la crisis; la insostenible tasa de desempleo y su repercusión en colectivos como los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes; la gestión de la crisis centrada en la reducción del déficit en unos plazos carentes de realismo que está suponiendo una fuerte reducción de las políticas públicas y del personal que debe llevarlas a cabo; los resultados electorales que muestran una severa penalización a quienes han aplicado estas políticas; los movimientos ciudadanos que han venido a cuestionar tanto las formas de hacer política como la penosa situación por la que están atravesando cientos de miles de personas y la ausencia de perspectivas de futuro, obliga a una profunda reconsideración sobre las formas de enfrentar la situación y a una ofensiva sindical y social con la vocación de invertir el estado actual de las cosas.
En efecto, los indicadores económicos señalan un débil crecimiento, una alta tasa de inflación, el 3,6% y un volumen de desempleo que llega al 21% de la población activa, superando el 40% entre la población más joven. Al mismo tiempo, las administraciones públicas han dejado de invertir para estimular la economía mientras la iniciativa privada sigue agazapada y persisten las restricciones en el crédito hacia familias, autónomos y pequeñas empresas, con lo que se alejan en el tiempo las posibilidades de recuperar la actividad económica, el empleo y la superación de la crisis.
Las políticas aplicadas por el Gobierno no son otra cosa que una traslación acrítica de las diseñadas por la Unión Europea. Primero fue el Pacto de Estabilidad, ahora el Plan de Gobernanza y el Pacto por el Euro Plus que contemplan dotar a las instituciones europeas de los instrumentos para vigilar, controlar y castigar a los Estados miembros que no cumplan los objetivos de déficit público y deuda pública, y hacer ganar competitividad a los países periféricos mediante la reducción de los costes laborales, el debilitamiento de la negociación colectiva y la pérdida de calidad de los sistemas de protección social y de los servicios públicos.
Las políticas centradas en la reducción del déficit y en la obsesión por calmar la voracidad de los mercados financieros, han tenido consecuencias desastrosas en una Europa que cuenta con más de 23 millones de parados y que ha impuesto condiciones draconianas para el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal.
En España esas mismas políticas se han materializado en la reducción del gasto público y en dar mayores facilidades a las empresas para acometer los ajustes de empleo. Las consecuencias de esta política están suponiendo el empobrecimiento de amplios sectores, particularmente los pensionistas a los que se les ha congelado su prestación; la contención del consumo -no en vano se ha reducido el sueldo a más de dos millones de empleados y empleadas públicos-; un deterioro en los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras -basta ver los contenidos y efectos de la reforma laboral-; la reducción de los recursos económicos y humanos en los servicios públicos lo que implica el debilitamiento y deterioro de la red de protección social y sirve como pretexto para justificar la privatización de los servicios que el Estado debe proveer y garantizar a la ciudadanía.
Todo ello contrasta con la complacencia con la que se ha tratado a los responsables de la crisis, los ingentes recursos que se han puesto en sus manos para enfrentar su desastrosa situación financiera y con ello, la renuncia a practicar políticas más equitativas a la hora de asumir los esfuerzos necesarios para superar la situación. Se ha huido de una reforma fiscal que permitiese al Estado recaudar de una manera más justa los ingresos necesarios para que los costes no recayesen en los sectores más débiles de la sociedad; se sigue sin actuar en el sistema financiero, limitando las iniciativas a la reforma de las cajas a las que poco menos que se les obliga a convertirse en bancos y a perder su carácter social; la persecución del fraude fiscal, tan timorata e inconexa que hasta los propios inspectores de hacienda la denuncian, y el plan de afloramiento de la economía sumergida no pasa de una amnistía para los empresarios que instala en la indefensión a los trabajadores y trabajadoras.
Las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo han sido en buena medida un plebiscito a las políticas practicadas y a la situación generada.
Han penalizando gravemente a quienes las han llevado a cabo, el PSOE, que ha renunciado a aplicar su programa fracturando, así, su base social y electoral. De esta situación se ha beneficiado mayoritariamente la derecha política (principalmente el PP) que se ratifica como clara alternativa. Por otra parte, pese a la leve mejora de la participación sigue habiendo una abstención de más del 36% y un incremento del voto en blanco y nulo cifrado en un 2,54% y un 1,7% de las papeletas, lo que expresa una creciente contestación al sistema que algo tendrá que ver con las movilizaciones ciudadanas que desde mediados de mayo se están realizando en buena parte de la geografía española.
En este sentido, el denominado movimiento 15M ha sido capaz de movilizar a decenas de miles de personas especialmente jóvenes que expresan su rechazo a la situación actual y a la ausencia de expectativas de futuro a la vez que cuestionan las formas actuales de hacer política por su escasa conexión con las inquietudes de la gente y lo hacen desde un compromiso y una conciencia ética fuerte.
La conjunción de todos estos elementos configura un nuevo escenario económico, político y social que nos lleva a plantear la necesidad de una nueva ofensiva social y sindical para enfrentar la crisis de otra manera, tanto en lo que se refiere a las soluciones económicas como a las formas de hacer política. En ese sentido CCOO, tras los debates celebrados en su Consejo Confederal, aporta cinco ejes de actuación en los que ya viene trabajando pero ante los que cabe incrementar la capacidad de movilización sindical y social.
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