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Los abogados de Alzira piden que la asistencia letrada a los detenidos en centros de detención, Policía Nacional y Guardia Civil se realicen mediante videoconferencia o de forma telefónicaLa abogacía valenciana pide la dimisión de la delegada del Gobierno Gloria Calero
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados reunido en pleno, solicita la dimisión de la Delegada del Gobierno, y denuncia un desconocimiento total de la Delegada sobre sus propias competencias.
El Decano del Colegio de Abogados de Alzira Agustín Ferrer comentó que no asume su responsabilidad y pide, en nombre de los abogados de Alzira, que las declaraciones en centros de detención, Policía Nacional y Guardia Civil se realicen mediante videoconferencia o de forma telefónica. La Delegada del Gobierno pone en grave peligro a todos los que intervienen en una declaración en el centro de detención, la presencia física en los cuarteles y comisarías de policía, pone en peligro a los Policías, Guardias Civiles, Detenidos, Victimas y Abogados, sin que existe razón legal alguna para ello. No se entiende la posición de la Sra. Calero en un momento de estado de alarmar, la presencia física es contraria a todos los acuerdos tomados por la Comisión de Seguimiento, presidida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y las comisiones provinciales creadas en Alicante, Castellón y Valencia.
Desde que se declaró el estado de alarma, tanto el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, como individualmente los colegios que lo integran, han estado solicitando por escrito y verbalmente, de la Delegación de Gobierno que se dictaran “las instrucciones necesarias para que, mientras dure el estado de alarma, la asistencia letrada a los detenidos se realice por medios telefónicos o telemáticos en los centros de detención de la Comunidad Valenciana.”
A pesar de la insistencia, de la cobertura legal (art. 520.2.c LECRIM) y a pesar de la expresa recomendación de la Comisión Autonómica del Tribunal Superior de Justicia de la CV, que asegura expresamente: “Entretanto, la Comisión entiende que debe recomendarse la conveniencia de que las actuaciones de asistencia letrada a detenidos puedan realizarse por videoconferencia, acordando ponerlo en conocimiento de las distintas sedes policiales de esta Comunidad Autónoma y elevar la cuestión a fin de que por la Comisión Mixta del CGPJ, Ministerio del Interior y Fiscalía General del Estado se puedan acordar las dotaciones de medios necesarias para que resulte factible tal posibilidad”.
Y, a pesar de que algunos centros de detención tienen los medios, y que en muchos centros de la Comunidad Valenciana ya se estaba haciendo, la Delegada de Gobierno, Gloria Calero, en respuesta al último escrito presentado por la abogacía valenciana, indica que es competencia de la Conselleria de Justicia, cuando las competencias en Policía Nacional y Guardia Civil son exclusivas de la Delegada del
Gobierno, parece pretender no resolver nada y en un momento como el presente, de grave incertidumbre, en el que se necesitan respuestas claras y que cada uno asuma responsabilidades, se pone de perfil. No es momento de parálisis institucional, es momento de actuar y dar soluciones a los problemas reales, se exige de las Delegada del Gobierno que asuma sus competencias.
Ilustre Colegio de abogados de Alzira
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